La mayoría de las causas de corrupción que tienen como principales sospechosos y autores a políticos y funcionarios públicos siguen varadas en la Justicia, cargadas de vicios y chicanas.

Este nuevo año cuenta con varios casos emblemáticos de corrupción que involucran a políticos y funcionarios públicos que aguardan ser definidos en una Justicia que se muestra lenta. Existen incontables denuncias por malversaciones al frente de instituciones estatales, pero los procesos avanzan muy lento y en muchas ocasiones hasta se muestran de manera selectiva. En esos casos en que sí la Fiscalía toma cartas en el asunto, otra vez muchos de ellos quedan varados en el camino por incontables dilaciones, más conocidas como chicanas. Tal es el caso por presuntas sobrefacturaciones en la compra de mascarillas y agua tónica al inicio de la pandemia del Covid-19, en el que está procesada Patricia Samudio, ex titular de Petropar, y su esposo José Costa Perdomo. La pareja ya fue incluso hasta sancionada por 50 días de multa, equivalentes a G. 4.402.550, por los excesivos recursos dilatorios que promovieron en la causa por lesión de confianza que pesa contra ambos.

En ese mismo tenor transcurre el caso que tiene como procesado al ex presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, y otros cuatro acusados por lesión de confianza en el caso conocido como el de los tapabocas de oro. Hasta la fecha no se pudo realizar la audiencia preliminar para elevar o no el caso a juicio oral. Dicha diligencia judicial ya fue suspendida en ocho ocasiones.

También las directivas de la firma Insumos Médicos SA (Imedic) Patricia Ferreira y Nidia Godoy, junto con Néstor Ramírez, despachante de Aduanas, deberán enfrentar juicio oral y público por la supuesta introducción ilegal de insumos oncológicos al país. Esto, luego de que en noviembre pasado un Tribunal de Apelación Penal declarara inadmisible los recursos contra el auto de apertura a juicio oral en el caso.

En la causa en que está acusado el ex gobernador de Central, Hugo Javier González, y otras personas implicadas en el presunto desvío de unos G. 18.000 millones de la institución, se debe realizar la audiencia preliminar. La Fiscalía solicitó que el caso sea elevado a juicio oral que debe ser definida en dicha diligencia.

El colorado Hugo Javier también tiene otra causa a la espera de juicio por la autorización de desembolsos por más de G. 5.000 millones sin siquiera tener proyectos o convenios a la vista.

En el caso del diputado Tomás Rivas, un Tribunal de Apelación Penal anuló el sobreseimiento definitivo del congresista colorado, por lo que habrá un nuevo juicio en el caso conocido como los caseros de oro.

El Tribunal de Sentencia adelantó para el 23 y 24 de febrero del 2023 el juicio oral para el diputado Miguel Cuevas por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa. En la causa de Reinaldo Javier Cucho Cabaña y el diputado Ulises Quintana iniciada en el marco del operativo Berilo fue destrabada y se debe definir si va o no a juicio.

Hijo de OGD

La condena de 8 años de prisión para el hijo del fallecido ex senador colorado Óscar González Daher, Óscar Rubén González Chaves, actual concejal de Luque, debe ser analizada por la Sala Penal para que pueda quedar condena firme y ejecutoriada. González Chaves había planteado un recurso de casación y a la par una seguidilla de recusaciones a camaristas y a ministros. Fue sentenciado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Además, se dispuso el comiso de más de G. 29.000 millones y la prohibición de ejercer cargos públicos por siete años.

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