Amílcar Fretes ocultó al Fisco paraguayo poco más de G. 1.000 millones que obtuvo como ingresos por sus actividades profesionales en los últimos cinco años.

Esto es lo que se desprende del corte preliminar que realizó la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en la fiscalización que realiza desde hace un mes al hijo del presidente de la Corte Antonio Fretes.

El reporte explica que ese dinero corresponde a ganancias obtenidas por Amílcar, pero que no fueron informadas en sus declaraciones juradas mensuales y anuales, de acuerdo con el cruzamiento de datos que realizaron los fiscalizadores con sus movimientos financieros y sus actividades laborales, entre otros.

Así, la sanción que recibirá Fretes llega hasta el momento a los G. 400 millones, entre el monto evadido y las multas que se aplican sobre el impuesto no abonado. El monto que escondió el hijo del ministro, así como la sanción, podría ser, sin embargo, mucho mayor, ya que la investigación aún continúa.

La SET había abierto una fiscalización a Fretes a mediados del mes pasado, tras saltar a luz pública un contrato con un familiar de Kassem Mohamad Hijazi, en busca de frenar la extradición de este último a los Estados Unidos.

La Administración Tributaria decidió hacer un control puntual sobre sus declaraciones juradas, detectando ya a principios de la investigación indicios de inconsistencias en las liquidaciones del impuesto a la renta personal (IRP). Este gravamen se paga sobre las ganancias netas, de forma anual.

El jefe de la SET Óscar Orué indicó en ese momento que si se confirmaban las inconsistencias, remitirán los antecedentes a la Fiscalía, además de aplicar las sanciones administrativas correspondientes.

Fortuna. A la par de esta fiscalización, la SET, en conjunto con la Seprelad y la Fiscalía, están llevando adelante una investigación sobre el patrimonio del clan Fretes.

Un reporte dado a conocer hace unas semanas señala que el presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, y miembros de su familia, habrían amasado con el correr de los años una fortuna de al menos USD 20 millones (G. 146.000 millones al cambio actual).

De acuerdo con los datos brindados por fuentes de la investigación, el clan Fretes habría creado una decena de empresas de varios rubros con el fin de poner en circulación en el mercado legal esa fortuna.

Esta familia incursionó en negocios relacionados al otorgamiento de préstamos, compra y venta de propiedades, seguros y red de cobranzas, entre otros.

Pese al cruzamiento de informes y de las declaraciones juradas presentadas por los miembros de la familia del presidente de la Corte, la pesquisa interinstitucional no pudo determinar aún de forma certera el origen de esos USD 20 millones, por lo que hay fuertes indicios de lavado de dinero.

La lupa también se encuentra en otras tres personas que no forman parte de la familia, pero que figuran en las empresas creadas y hasta ocupan puestos de alta conducción. Se sospecha que serían solamente prestanombres.

Tras el escándalo y las amenazas de juicio político desde el Congreso, Antonio Fretes pidió permiso para apartarse de su cargo, alegando problemas de salud. Sin embargo, sigue sin renunciar.

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