El fallido operativo del martes último, en cuyo marco se intentó aprehender al presunto capo narcotraficante brasileño, Lindomar Reges Furtado, demuestra una vez más que el complejo residencial Paraná Country Club (PCC) de Hernandarias es un refugio perfecto para todo tipo de malvivientes y extranjeros que tienen cuentas con la justicia en sus países. Si bien es la primera vez que guardias de seguridad del PCC son imputados por presunta complicidad en la fuga de un malviviente residente en el Country, sería importante que el Ministerio Público investigue a los administradores y directivos del condominio, quienes podrían estar recibiendo beneficios económicos de estos delincuentes, que se valen de todo el aparato de seguridad que les otorga dicha área residencial para cometer impunemente sus fechorías.

Recordemos que el hecho ocurrió el martes 15 de febrero, a las 06:11 aproximadamente, en el complejo residencial del Paraná Country Club de Hernandarias. En la oportunidad, fuerzas de seguridad de Paraguay y Brasil realizaron un operativo de búsqueda y detención de presuntos miembros de la organización criminal, siendo el principal objetivo el brasileño Reges Furtado. No obstante, el mismo y su pareja lograron escapar, presuntamente con la ayuda de guardias del PCC.

No es la primera vez que guardias del exclusivo barrio cerrado Paraná Country Club, en Hernandarias, ponen obstáculos para demorar o tratar de impedir el ingreso de una comitiva fiscal policial, mientras permiten que delincuentes que viven allí, protegidos por grandes fortunas presuntamente mal habidas, se den a la fuga, tal como ocurrió durante un allanamiento del Operativo Turf.

Hace años se viene denunciando que los directivos del Country ordenan a sus guardias a impedir a toda costa que la prensa ingrese y cubra intervenciones policiales y judiciales, bajo el pretexto de que el lugar es “un barrio privado”, como si eso les valiera violar derechos constitucionales, como la libertad de expresión y el derecho de informar, como si ese lugar fuera un Estado dentro de otro Estado, otro pequeño país dentro del país.

La venta y alquiler de los costosos terrenos y lujosas mansiones se promociona justamente como “un refugio seguro, donde no serán molestados”, que ha dado pie a que criminales internacionales pudieran esconderse en el sitio, mientras eran buscados por la justicia internacional, como el famoso doleiro brasileño Darío Messer, o el prófugo argentino Ibar Pérez Corradi.

Para entrar hay que pasar dos controles de seguridad y solo ingresan los que tienen autorización o los que se hospedan en alguno de los dos hoteles internos. El alquiler de una casa ronda los USD 2.500 y los precios de venta varían entre USD 600.000 y USD 2 millones, según mencionan artículos de prensa de países vecinos. Un medio argentino califica al PCC, cuyas siglas paradójicamente son las mismas de la poderosa facción criminal brasilera Primer Comando da Capital (PCC), como un lugar que “tiene fama de ser tierra prometida para lavadores de dinero y narcotraficantes que buscan un refugio donde hacer sus negocios”.

Lo más llamativo de todo esto es que las autoridades policiales, fiscales y judiciales -es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de nuestro país- permitan que empresarios privados les impongan reglas por encima de la Constitución. ¿Es porque los dueños del Country acaso tienen más poder que el mismo Estado, o es porque a la gente del mismo Estado le conviene que existan lugares al resguardo de la Ley y la Justicia?

Si bien la imputación de unos guardias por complicidad en la fuga del narco puede ser interpretada como un primer paso hacia un posible saneamiento de la situación, restaría investigar seriamente a los directivos del PCC, quienes no pueden seguir ignorando -para no decir protegiendo de forma deliberada- a peligrosos delincuentes en su “comarca de la tranquilidad y paz.

LA CLAVE