Los horticultores que compiten injustamente con los productos de contrabando piden avances no solo en las incautaciones, sino en el encarcelamiento de los responsables.

Mientras los productores reclamaron resultados concretos en la lucha contra el contrabando, la Policía Nacional y el Ministerio Público argumentaron que no es un trabajo de corto plazo y que se están realizando las tareas en el marco de los protocolos vigentes.

La importación de tomate está restringida como un mecanismo de apoyo a la producción nacional, la cual está en temporada de cosecha de la hortaliza. Sin embargo, siguen ingresando cajas desde Argentina de forma ilegal, según denuncian los productores, así como los comerciantes que operan dentro de la legalidad y se ven afectados por una competencia desleal.

Esta situación se trató en una reunión realizada en la Cámara de Senadores, donde la Comisión Especial de Combate al Contrabando, liderada por el legislador José Ledesma, escuchó a las partes involucradas y convocó a un nuevo encuentro para el 29 de junio.

Para el titular del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas, Abel Brítez, es necesario que el Ministerio Público cumpla con la persecución penal de los contrabandistas apoyados en la ley que criminaliza este hecho y establece pena privativa de libertad para los responsables.

A su vez, el representante de la Comisión Distrital de Productores Frutihortícolas de Arroyos y Esteros, Alfredo Ledesma, solicitó seriedad a las instituciones y se quejó de mínimos controles en las fronteras para evitar el ingreso de productos ilegales.

El inspector Darío Von Brand, de la Policía Nacional, respondió que se reforzaron los sistemas de inteligencia para implementar controles más apropiados en las principales rutas de contrabando del país, pero afirmó que no es un trabajo a corto plazo, debido a que este esquema de comercio ilícito está instalado dentro del territorio nacional.

En representación del Ministerio Público, el fiscal Édgar Sánchez, argumentó que la institución aplica los protocolos vigentes para ejecutar los operativos de incautaciones y en ese sentido lamentó el reclamo de que la Fiscalía no realiza adecuadamente su trabajo. Su colega, Iván Suárez, agregó que los fiscales en varias ocasiones incluso afrontan tareas que corresponden a otras instituciones.

Importación. Desde mediados de mayo ya no se otorga la Acreditación Fitosanitaria de Importación para el tomate. Es la herramienta que utiliza el gobierno paraguayo para regular el mercado de hortalizas a favor de la producción nacional en época de cosecha masiva.

No obstante, hasta el martes figuraba el tomate argentino en el monitoreo de precios del Servicio de Información de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura Ganadería. Es decir, la propia institución procesa datos de productos de contrabando, lo que significa una “legitimidad” hacia este ilícito, lamentó Pedro Villarreal, de la Asociación de Importadores Independientes del Mercado de Abasto Central.

Estos vendedores mayoristas están pagando actualmente a los tomateros entre G. 4.500 y G. 6.000 el kilo. La demanda diaria nacional es de alrededor de 200.000 kilos.

Las cifras

200.000 kilos diarios es la demanda de tomate a nivel nacional. La importación está restringida, pero hay ingresos ilegales.

4.500 guaraníes por kilo es el precio mínimo del tomate en pequeñas fincas. En el mercado mayorista cada caja está a G. 100.000.

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