Una jueza dictó la prisión preventiva para la directora, docente y coordinadora del colegio privado de Lambaré, donde un niño fue víctima de abuso sexual. 

La jueza Gladys Fariña decretó este domingo la prisión preventiva para la directora, coordinadora y una docente del colegio privado de Lambaré por el caso de abuso sexual a un estudiante de 6 años. Asimismo, las tres procesadas deberán ir al Buen Pastor. La decisión de la magistrada se conoció pasadas las 23.00 de este domingo.

En el Juzgado de San Lorenzo se realizó la audiencia de imposición de medidas para las procesadas. Hasta la sede judicial llegaron varios padres para exigir justicia.

Tras varias horas de vigilia, los padres de familia se quejaron por la excesiva demora por parte de la jueza para emitir una resolución tras las audiencias. Sin embargo, al escuchar primero la orden de prisión preventiva y luego que las mismas sean llevadas a la penitenciaría mencionada desató la alegría entre los presentes ya que era lo que ellos deseaban.

Las tres docentes ya fueron imputadas por el hecho punible de violación del deber del cuidado. Mientras que la directora también fue procesada por frustración de la persecución penal y ejecución penal, y la violación de la Ley 6202/ 2019.

De acuerdo a la investigación, el abuso se habría producido el pasado 26 de abril, pero la institución educativa obvió los protocolos, por lo que la familia realizó la denuncia ante la Fiscalía.

Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ordenaron la intervención del colegio y estableció un plazo de 10 días hábiles prorrogables para la conclusión de la intervención.

Un equipo fiscal realizó allanamientos en el interior del colegio y encontraron objetos que dan certeza de que la víctima no miente. El presunto autor sería un alumno de 15 años, quien habría tenido la complicidad de otros dos adolescentes.

Madres y padres de familia se unieron en un doloroso pedido de justicia por este caso que conmocionó a toda la ciudadanía.

Los nombres del colegio y de los implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.