El fiscal Édgar Torales se constituyó en un colegio privado de Ciudad del Este, tras la denuncia de una amenaza de ataque por parte de dos adolescentes de 14 años. Ambos alegaron que se trató de una broma, pero fueron expulsados por la institución.
El Ministerio Público se constituyó este viernes en un colegio privado de la capital de Alto Paraná, tras la denuncia de una amenaza de muerte por parte de dos estudiantes al director, al portero, a la coordinadora y alumnos. Después de reconocer que escribieron la nota, y que se trató de una broma, ambos fueron expulsados.
«Observamos nosotros que el colegio actuó conforme al protocolo. Hizo las averiguaciones, hizo todas las investigaciones que señala el reglamento interno. No digo resolver el tema, pero tratar de tener todos los elementos para tomar una decisión como la que tomaron al desmatricular a los dos alumnos», explicó el fiscal Édgar Torales.
El agente mencionó que la respuesta no debe ser comunicar inmediatamente a la Fiscalía o a la Policía y que primero se debe tratar de llegar hasta los alumnos.
«Ellos, después de la reunión y de tener todos los elementos, tomaron la decisión y consideraron que era el momento de dar intervención a la Policía y al Ministerio Público», señaló.
Agregó que ambos estudiantes ya tienen la edad de ser imputados, pero que es un recurso al que se llegará en último caso. «Acá el hecho que se investiga es amenaza de hecho punible, pero vuelvo a repetir, antes de imputar queremos hablar con los padres, reunir todos los datos de estos dos adolescentes, sus antecedentes y una serie de elementos», indicó.
Dijo que existe un dilema en considerar un broma pesada o tomarla en serio. Sin embargo, más allá de que se trate de una broma, la amenaza existió, y esta es considerada una inconducta grave que, según el reglamento del colegio, tiene como sanción la expulsión.
El caso
Según la denuncia, una docente encontró el pasado 18 de mayo un escrito a mano donde había una conversación entre dos alumnos sobre la supuesta compra de una pistola de marca Glock 40, por USD 705, y un fusil de fabricación rusa Ak 47 por USD 4.000, que con mejoras habría costado otros USD 2.000 más.
Con esas armas supuestamente iban a atentar contra docentes, funcionarios y alumnos. Posiblemente, después del hecho, tenían previsto escapar a Pakistán, para lo cual aseguran que ya tenían el pasaje, hospedaje y comida para tres meses. Los datos de las armas se presumen fueron obtenidos de videojuegos de guerra muy populares entre los adolescentes.
Tras encontrar el papel escrito a mano, la docente entregó a los directivos de la institución, quienes realizaron la comparación caligráfica del acuerdo de todos los alumnos. Así llegaron hasta dos alumnos que, abordados en forma separada, primero negaron y luego admitieron el hecho. Estos señalaron que todo se trataba de una broma y que lo hicieron para ver la reacción de los demás compañeros.
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