A través de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) accionaron contra actos inconstitucionales y hechos punibles que atribuyen a los camioneros en paro. Dice que causaron millonarias pérdidas.

Gremios industriales, empresariales y comerciales se unieron para presentar una denuncia ante el Ministerio Público, a fin de que actúen contra referentes de camioneros que “violentan derechos constitucionales a la libre concurrencia, libre tránsito, entre otros hechos punibles”.

En conferencia de prensa, el titular de la UIP, Enrique Duarte, sostuvo que los que estaban representados en esta oportunidad no opinan ni descalifican los reclamos de ningún sector de cualquier área privada.

“Lo que sí condenamos y nos parece fuera de lugar es la forma de reclamar. Nosotros no podemos reclamar y buscar soluciones a los inconvenientes afectando el derecho de otro, violando preceptos constitucionales como los artículos 197, de la libre concurrencia, y el 108, de la libre circulación de personas y bienes”, sentenció.

Añadió que, a través de la UIP, presentaron ayer una denuncia fiscal respecto a diversos hechos, “muchos de ellos vandálicos que la economía paraguaya está sufriendo”.

CAÍDA. Duarte apuntó que este mes de agosto las exportaciones paraguayas sufrieron una caída importante y esto genera números negativos sobre nuestra economía. Lamentó que todo el sacrificio que hizo la gente presente para recuperar los números de la economía, aún dentro de la pandemia, “tenga que ir al tacho”.

Subrayó que estaban pidiendo cordura a la dirigencia del sector transporte y a todos quienes le acompañan para que, “por favor, seamos sensatos y protejamos al país, buscando soluciones a través del diálogo”.

También estimó que las pérdidas que están sufriendo todos los sectores, como consecuencia del cierre de las rutas, están en el orden de los 30 millones de dólares diarios.

Detalló que la denuncia presentada señala hechos punibles de extorsión, extorsión agravada, intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y perturbación a la paz pública, establecidos en el Código Penal.

Consideró que no podían dejar esta situación impune y que la denuncia es para que la Fiscalía, a través de la ley y preceptos legales, “pueda castigar y deba ser castigada”.

Por su parte, el titular de la Capasu, Alberto Sborovsky, descartó que se estén produciendo subas de precios derivadas de esta situación, salvo algunos productos frutihortícolas como la mandioca.

Sostuvo que en la medida en que empiecen a escasear los productos pueden llegar a darse los aumentos de precio.

“Es por eso que instamos a que se dejen los caminos libres cuanto antes. Los transportistas tienen que entender que si bien es un reclamo válido, la tecla equivocada es cerrar las rutas. Tienen que sentarse a negociar. Ese es el camino”, remarcó.

Sborovsky dijo que la situación se normalizará si se liberan las rutas. En caso contrario, indicó que no podía igualmente sostener que si se mantiene pueda llegar a generar desabastecimiento