El novato agente fiscal Juan Daniel Benítez imputó a cuatro agentes de la subcomisaría 14ª de Minga Guazú, apenas por extorsión (considerado delito de menor gravedad), cuando lo que correspondía era procesarlos por, al menos, cuatro crímenes, estipulados en el Código Procesal Penal, como por ejemplo: extorsión agravada, asociación criminal, privación ilegítima de libertad, y coacción grave, teniendo en cuenta que son policías. De esta manera, el representante del Ministerio Público, en vez de castigar a los involucrados, les tendió “una mano”. Los uniformados, en contubernio con un supuesto abogado, extorsionaron a una brasileña, a quien despojaron de 4.000 reales, a cambio de su libertad. El hecho incluso fue publicado en un canal brasilero, ya que la hija de la víctima filmó cuando entregaron el dinero.

El fiscal Juan Daniel Benítez procesó a un oficial y tres suboficiales con servicio en la subcomisaría 14ª de la fracción Norma Luisa (Minga Guazú) por la comisión del tipo penal de extorsión, denunciado a través de medios de comunicación paraguayos y brasileros, por una brasileña. El procedimiento es contra el oficial inspector José Herminio Salinas, los suboficiales Manuel Insaurralde, Alfredo Prieto y Juan Franco, todos con servicio activo en la dependencia policial de referencia, también sumariados en departamento de asuntos internos de la Policía Nacional.

Los antecedentes del caso indican que la brasileña indocumentada habría tenido un problema con su pareja sentimental en la jurisdicción del personal interviniente, que procedió a la extorsión y la consecuente privación de libertad contra la misma, dado que estuvo varias horas retenida contra de su voluntad, por la acción de los uniformados. El fiscal Juan Daniel Benítez ordenó la detención de los cuatro uniformados, sin embargo, luego les concedió arresto domiciliario con prohibición de salir del país.

FISCAL INEPTO

Al imputar solamente por extorsión (delito), el fiscal obvió los crímenes cometidos por los acusados, como hechos punibles contra la libertad de las personas (privación de libertad – Art. 124), contra el patrimonio, extorsión agravada (Art. 186), contra el abuso en el ejercicio de las funciones públicas, cohecho pasivo agravado (Art. 301), todos calificados en el Código Procesal Penal. Benítez también los pudo haber imputado por asociación criminal, Art. 239, que expresa: “El que creara una asociación estructurada jerárquicamente u organizada de algún modo dirigida a la comisión de hechos punibles”, donde perfectamente se subsume la conducta de los agentes policiales, quienes en contubernio con un supuesto abogado cometieron los hechos denunciados, al momento que prestaban funciones en la dependencia policial mencionada.

Sin embargo, el fiscal resolvió su requerimiento de la forma más leve posible, permitiendo que los cuatro agentes policiales, incluso, sigan cumpliendo funciones en sede policial.  Por ello, están plenamente justificados los temores de la víctima, quien dijo temer por su vida, llevando en cuenta que se trata de policías los denunciados y los mismos ya la habrían amenazado de muerte, al hacer pública la denuncia. Por su parte, el Ministerio Público, una vez más, tiende a proteger la corrupción policial antes que representar a víctimas de hechos graves, como es en esta situación.

G. 40 MILLONES

Según datos, el “representante de la sociedad” habría recibido G. 10 millones de cada implicado, es decir, unos G. 40 millones para alivianar el caso. Este rumor se compadece con la blandengue resolución del fiscal, quien buscó de todas las formas salvar a los uniformados corruptos de la cárcel. Esto sí podríamos definir como una verdadera asociación criminal.

CASO SIMILAR

Recientemente, la fiscal Zunilda Ocampos también imputó por delitos menores a cuatro policías y un civil que secuestraron, extorsionaron e incluso despojaron de su automóvil a dos jóvenes a quienes exigieron una millonaria suma para no plantarles cocaína en el vehículo. Aparentemente, para la representante de la sociedad, el caso no fue tan grave y premió a los uniformados corruptos con arresto domiciliario. Según datos, la fiscal y su asistente Romina Benítez habrían cobrado una millonaria suma a los uniformados para minimizar lo ocurrido. Este tipo de actitudes echa un manto de sombras y dudas sobre la actuación del Ministerio Público, cuyos agentes parecen estar abocados a proteger a policías corruptos, en vez de buscar castigos mayores que puedan ser ejemplificadores y dar tranquilidad a la ciudadanía.

FUENTE : LA CLAVE