El Clan Prieto hace un par de años denunciaba de que el Clan ZI se oponía al control de la Contraloría General de la República en la comuna esteña. Ahora resulta que ellos hacen lo mismo. No quieren que el órgano contralor verifique los documentos. Algunos concejales rastreros del intendente de facto Miguel Prieto, quienes están metidos hasta el cogote, están desesperados. Con esto se evidencia que nunca persiguieron la corrupción en CDE, sino querían el poder para robar.
El Clan Prieto no es solamente la gavilla de Miguel Prieto que opera en la Intendencia Municipal. Son los concejales rastreros y hasta periodistas.
La Contraloría ordeno una fiscalización especial, que no es otra cosa que un control parcial sobre los ingresos y gastos que se hicieron con el pretexto de la situación de emergencia por la pandemia del COVID19.
Abarcará de abril a diciembre de 2020. Y solo.
Se dispuso además un auditoria en las compras de alimentos de la despensa barrial “Tía Chela” por cerca de 500 mil dólares, que estaban sobrefacturadas, y otras irregularidades.
Y la compra de almuerzo de la firma “Yrupe” de Sady Martínez. El precio estaba sobre facturado y ni siquiera se sabe dónde fueron a parar los alimentos.
En ambos casos los procesos directos están amañados.
Los integrantes del Clan Prieto quieren evitar que se haga estos controles. Vicente Prieto, papa de Miguel, dicen que saldrán 50 mil personas a las calles para defender a su hijo.
Mientras el coimero concejal Herminio Corvalan, uno de los perros del intendente de facto, Miguel Prieto, dice que van a defender como sea la comuna. Lo que en realidad van a defender es al Clan Prieto y buscar mantener el esquema de robo.