Las redes sociales explotaron ayer con comentarios de repudio e indignación en contra de la fiscal Zunilda Ocampos Marín, titular de la unidad penal nº 9 del Ministerio Público de Ciudad del Este, quien, el martes, imputó por delitos menores a cuatro policías y un civil que secuestraron, extorsionaron e incluso despojaron de su automóvil a dos jóvenes a quienes exigieron una millonaria suma para no plantarles cocaína en el vehículo. Aparentemente, para la representante de la sociedad, el caso no fue tan grave y premió a los uniformados corruptos con arresto domiciliario. Ahora, estos cuatro “polibandis” están de “vacaciones” y seguirán percibiendo sus salarios como si nada. Según datos, la fiscal y su asistente Romina Benítez habrían cobrado una millonaria suma a los uniformados para minimizar lo ocurrido. Ahora, las víctimas temen por sus vidas y responsabilizan directamente a Ocampos si algo llega a ocurrirles.

La imputación con premio afecta al suboficial principal Pedro Javier López Deleón, suboficial inspector Antonio Ávalos Pereira, suboficial 1º Francisco Prieto Montiel y al suboficial 2º Alcides Villalba Goazález, por los hechos punibles contra la libertad de las personas (privación de libertad – Art. 124), Contra el patrimonio – Extorsión (Art. 185), Contra el abuso en el ejercicio de las funciones públicas – Cohecho pasivo agravado (Art. 301), todos calificados en el Código Procesal Penal como delitos. En tanto, el presunto usurero, Fernando Daniel Ortigoza Ortigoza, fue procesado en rebeldía por los hechos punibles contra la libertad de las personas (Privación de libertad – Art. 124) y Contra el patrimonio – Extorsión (Art. 185), en carácter de cómplice.

NEGOCIADO

Como arte de magia, la fiscal Zunilda Ocampos convirtió un crimen en un simple delito, escudriñó el Código Procesal Penal para minimizar la atrocidad que cometieron los agentes de la comisaría 7ª. Los imputó por delitos menores, como para no enviarlos a prisión. Sus propios colegas lamentaron su decisión y sostuvieron que, desde cualquier punto de vista, los policías cometieron varios crímenes, empezando por el Art. 186: extorsión agravada, que se encuadra en todo lo denunciado por las víctimas. Dicho artículo dice taxativamente que “Cuando la extorsión se cometiera mediante la fuerza contra una persona o mediante la amenaza de un peligro presente para su vida o su integridad física, donde se prevé un marco penal de uno a quince años de pena privativa de libertad, es decir, se trataría de un crimen porque el marco penal supera los cinco años de pena privativa de libertad”. Sin embargo, la fiscal solo los procesó por el Art. 185 (Extorsión) que es delito.

Aparentemente, la fiscal Zunilda Ocampos “se olvidó” de imputarlos también por asociación criminal, Art. 239, que expresa: “El que creara una asociación estructurada jerárquicamente u organizada de algún modo dirigida a la comisión de hechos punibles, donde perfectamente se subsume la conducta de los agentes policiales, quienes en contubernio cometieron los hechos denunciados, al momento que prestaban funciones en la dependencia policial mencionada, donde cada uno de ellos cumplía una función y la cantidad de denuncias que existen en contra del actuar de los agentes de dicha comisaría”.

PAREJA DE POLICÍA

La afinidad de la fiscal Zunilda Ocampos obedece a que tiene como pareja al subcomisario Fabio Marcelo Santacruz, agente de Antisecuestros, trasladado recientemente a la ciudad de Santa Rita.

HABRÍAN NEGOCIADO

Según fuentes, Zunilda Ocampos y su asistente Romina Benítez habrían negociado con los policías denunciados y, supuestamente, cobraron una millonaria suma para no imputarlos como para meterlos presos. En una fotografía captada por un reportero de este medio, incluso, muestra a la referida asistente, que es mano derecha de la representante de la sociedad reuniéndose con los agentes de la referida dependencia policial el día lunes, mientras que prohibieron la entrada del abogado Ramón Rodas. En ese instante se habían dado las primeras conversaciones para blanquear a los uniformados implicados en el caso.

SILENCIO CÓMPLICE

Llamativamente, el fiscal adjunto de la Región X del Ministerio Público, Humberto Rosetti, no tomó ninguna determinación al respecto, pese a la evidente parcialidad de la fiscal Zunilda Ocampos a favor de los uniformados implicados en este grave caso. El máximo jefe de la Fiscalía del Alto Paraná tiene el deber de corregir lo que se hace mal, cambiar a los fiscales que actúan al margen de la ley e incluso destituir a sus subalternos si es necesario. La ciudadanía clama a gritos una Fiscalía que esté a su lado y vele por sus derechos, y no fiscales que actúan a oscuras.

EL CASO

Según la denuncia formal presentada ante la Fiscalía por el abogado Ramón Rodas, representante legal los denunciantes, Gabriel Ramón Prieto Medina y Víctor David Meza, quienes estaban a bordo de un automóvil Toyota Allion, color plateado, y alrededor de las 01:00, fueron abordados por agentes de la comisaría 7ª en inmediaciones de la parroquia San Lucas del barrio del mismo nombre. Los intervinientes llevaron a los jóvenes hasta la sede policial a punta de arma de fuego y luego los metieron al calabozo, supuestamente por violar el decreto presidencial de cuarentena sanitaria. Allí empezaron a exigirles G. 7 millones a cambio de liberarlos y no plantar droga en el automóvil, propiedad de Prieto Medina. 

Ante esa situación, uno de los jóvenes llamó a su novia, mientras que el otro a su madre, sin embargo, sus familiares no pudieron reunir el dinero requerido por los supuestos polibandis y no se pudo cerrar la “negociación”.

EMPEÑO

Las horas pasaban y como ambos jóvenes no reunían el monto estipulado por los agentes intervinientes, los propios policías llamaron al usurero Fernando Daniel Ortigoza Ortigoza, otra pieza clave del esquema de recaudación, quien empeñó el automóvil por la suma de G. 5.000.000 y liberaron a las víctimas cerca de las 04:00, con el compromiso de que debían volver más tarde para abonar los G. 2 millones que faltaban.

FUENTE: LA CLAVE