Instituciones brindan datos poco claros sobre los gastos sociales en torno a la norma promulgada en 2021. Ley aprobada el año pasado dice que los fondos deben ir íntegramente a Salud.
Hay incertidumbre en cuanto a la información en las instituciones y el destino que este año se le dará a los gastos sociales de las binacionales que, según la ley aprobada en 2021, deben ir “íntegramente” a Salud.
La Contraloría informó que ni Itaipú ni Yacyretá rindieron cuentas sobre el uso que se le dio a estos recursos el año pasado, pese a que la ley señala que “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, remitirá un informe bimestral detallado a la Contraloría General de la República y a la Comisión Bicameral del Congreso, de carácter transitorio, para el control de los recursos”.
Yacyretá presentó su informe solo del 2020, mientras que Itaipú, ninguno, indicaron desde Contraloría.
La ley en cuestión es la 6729, “que destina los recursos en concepto de responsabilidad social empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social, sea cual fuese su denominación, de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá correspondientes al lado paraguayo, sean utilizados íntegramente para la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de blanco, infraestructura hospitalaria y protección social mientras dure la pandemia del Covid-19”.
Desde el Ministerio de Hacienda están analizando la reglamentación de la ley para poder organizar los recursos y tener los montos, además de referenciarla al presupuesto. Actualmente no se tiene información de cuánto será destinado a los efectos de la normativa.
Se calcula que lo generado en concepto de gastos sociales de las binacionales anualmente supera los USD 150 millones.
El año pasado, luego de que se aprobara que estos recursos debían ir en su totalidad a Salud, desde las binacionales informaron que la mayor parte del presupuesto ya estaba comprometido y solo quedaba un remanente escaso.
El ministro de Salud, Julio Borba, informó en ese entonces, que se contaba con USD 30 millones.
Botín electoral. Desde la oposición hablan de que se debe impulsar una nueva legislación pero más permanente para blindar los gastos sociales, ya que la actual dura solo mientras exista pandemia. Históricamente, estos recursos fueron utilizados como botín político.
El diputado Édgar Acosta, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), señaló que es necesario volver a impulsar un proyecto que proteja estos recursos de Itaipú y Yacyretá en este 2022, que es un año electoral, en el que se realizan las internas con miras a las elecciones del 202.
“Pero para eso necesitamos el acompañamiento ciudadano, solos no lo vamos a lograr porque la ANR (Asociación Nacional Republicana) es muy fuerte, tiene aliados estratégicos en todos los partidos, lastimosamente”, resaltó.
Acosta manifestó que es detestable que en un país con tantas necesidades los gastos sociales sean direccionados a fines eleccionarios.
“Los gastos sociales siempre deben estar destinados al interés general, a salud o educación o algo que alcance a toda la población, sin tener en cuenta afiliación política, o el pedido de un político en particular y debería ser permanente, es decir, tendríamos que hacerlo por ley, porque si vamos a depender de la voluntad política de los que manejan las binacionales, van a direccionar de acuerdo con el interés partidario y eso es detestable en nuestro país, donde hay tantas necesidades”, reclamó.
El año pasado también se aprobó una normativa que permitía a la Contraloría auditar las binacionales.
150 millones de dólares es el monto calculado de los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá generado anualmente.
135.000 millones de guaraníes fue lo que Yacyretá rindió a Contraloría sobre el uso de gastos sociales del 2020.
30 millones de dólares fue lo destinado de los gastos sociales el año pasado a Salud, que fue el remanente.