En María Serrana, estudiantes –la mayoría brasileños– lograban convalidar materias cursadas en otras facultades y algunos, por ejemplo, llegaban a completar en un año lo que demandan 3 años de carrera.
El escándalo generado por la clausura de dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana (UPMS) –de su sede central en Asunción y su filial en Ciudad del Este– va mucho más allá de casos aislados de falsificación de documentos públicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y aparente venta de títulos médicos mau. Porque sería solo la punta del iceberg lo que llevó al cierre de esas dos ofertas académicas. De fondo, habría todo un modus operandi que facilitaba el acceso a diplomas de Medicina a estudiantes, principalmente, de origen brasileño.
La intervención del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), en efecto, tiene lugar a partir de una denuncia concreta desde el Viceministerio de Educación Superior del MEC sobre la adulteración de firmas en las legalizaciones de certificados de estudios. A partir de ahí, el ente rector hace el recorrido de los estudiantes implicados que, entonces, eran pocos.
“Esa situación era en un número reducido de estudiantes. Pero el proceso de intervención corrobora que era un modo común de obrar, no solo en el caso concreto denunciado, sino en otros estudiantes más”, resalta Narciso Velázquez, titular del Cones.
Y se toparon –dice– con otros 40 casos más de estudiantes que comienzan en la filial de Ciudad del Este y concluyen la carrera “en un trámite administrativo” en la sede central. “Encontramos estudiantes que en un año hicieron tres años de carrera convalidando materias de otra universidad de Paraguay a la María Serrana. Viene con un certificado de estudio donde hizo tres años, por ejemplo, y después en María Serrana hace dos años y con eso termina al año siguiente; a veces en una tercera universidad o, incluso, en el Brasil”, refiere.
Un mandato del pleno del Cones fue acercar todos estos antecedentes a la Fiscalía. Porque, a criterio de Velázquez, “hay delitos y también hay crimen”. Y afirma esto a la luz de “si estamos teniendo a personas con registro de profesional médico que realmente no son médicos”, enfatiza.
“Este tema no pasa de un mero delito, porque podemos estar teniendo el concurso profesional de personas que no tienen la idoneidad o la habilitación para el caso”, insiste. Es que en la intervención se verificaron, incluso, algunos “hechos bastante graves” como la expedición de títulos y certificados de estudios “que dan cuenta de haber completado todo el proceso académico, pero que carecían de respaldo”, indica Velázquez.
Ocurre que la universidad alega que sus estudiantes realizaron prácticas o pasantías en tal o cual hospital. Pero, cuando el Cones le solicitó informes, “los centros asistenciales dicen no tener el registro de esos estudiantes”.
“Directamente los centros hospitalarios negaron que esos estudiantes hayan pasado por ahí y, en algunos casos, negaron que tenían convenio con esa universidad. Y, sin embargo, figuran documentos respaldatorios como conclusión del hecho académico”, remarca al señalar que todo certificado de estudio debe contar con un respaldo “como son las libretas de prácticas”.
En las libretas presentadas por la UPMS aparecen esos supuestos establecimientos sanitarios donde estuvieron “pero no son reales”, opone.
“El informe que pasa la universidad no es completo. Porque, cuando no tiene el respaldo, no existe la práctica que dicen haber tenido. Por otro lado, hay algunos hospitales con los que dicen que sí tienen convenios y se les pidió a los tutores y ellos niegan haber hecho la práctica de estudiantes; pero que sí ellos recibieron remuneración”, revela.
ÚH procuró sin éxito tener la versión de la rectora, Dra. Norma Aquino; así como del decano de Medicina, Dr. Ignacio Mendoza. Ninguno atendió a las llamadas ni respondió a mensajes enviados.
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