Con la copia de un documento que solicitaba estudio de impacto ambiental ante el MADES, la empresa Tape Porã, con anuencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), inició tala de árboles nativos, supuestamente, para construir un estacionamiento privado para clientes de una compañía dedicada al agronegocio.

El fiscal Adolfo Santander, en el turno de la unidad especializada en hechos punibles contra el medio ambiente, intervino luego de recibir denuncia de vecinos y ordenó el cese inmediato de los trabajos efectuados por una empresa contratada por Agrofértil. Ordenó el cese de actividades ante la falta de documentación para el procedimiento que, conforme los dichos, es parte de un acuerdo entre la firma que comercializa insumos agrícolas y Tape Porã, sin justificación alguna. Los trabajadores llevaban talando 24 árboles de los 79 aprobados por la Municipalidad de Ciudad del Este.

ESTACIONAMIENTO

El fin de la tala indiscriminada sería inicialmente para la construcción de un estacionamiento privado, pero en el espacio público, propiedad del MOPC, dijo el fiscal Adolfo Santander, cuando La Clave consultó sobre los hechos. “No acercaron ninguna documentación que autorice la tala, por tanto ordenamos el cese inmediato de las actividades, la incautación de los elementos de trabajo, los vehículos utilizados para el efecto y custodia policial para evitar la continuidad”, señaló la representación pública.

Ni el MOPC, el MADES y menos la Municipalidad de CDE pueden ordenar este tipo de trabajos, mientras no se tenga un estudio de impacto ambiental. En ningún caso se puede considerar una solicitud como una autorización, resaltó.

Santander dijo haber ordenado el traslado de los 24 árboles talados a los depósitos de la Comuna en el Área 2; los camiones y maquinarias pesadas a la Dirección de Policía y las herramientas comisadas a los depósitos del Ministerio Público, en el barrio Fátima.

GROSEROS

Como excusa, los representantes de Agrofértil dijeron al fiscal que entre los compromisos asumidos está la reforestación por su parte, desde el km 8 hasta el km 10, entre la avenida San Blas y la Ruta PY02. Sin embargo, la destrucción de los recursos naturales plantados décadas atrás durante la administración del intendente Guillermo Campuzano está consumada. Ayer, se firmaron oficios para el MOPC, Tape Porã, Agrofértil y el MADES, para informar cada parte sus acciones en el hecho y la copia de los contratos suscriptos eventualmente, afirmó la representación pública.

Inicialmente, los hechos demuestran la tala indiscriminada de árboles nativos, pero la Fiscalía, previa recepción de los documentos requeridos a los entes citados, solicitará la intervención de técnicos del laboratorio forense para la medición del impacto ambiental que devenga de esta acción. Varios responsables, podrían ser imputados, eventualmente, finalizó el fiscal que intervierne en el caso.

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