Ex directivos del Banco Regional y representantes de la empresa Food Import & Export SA fueron imputados por la fiscala María del Carmen Palazón, por supuestamente crear una “administración paralela al administrador judicial”, apropiándose de los bienes de la empresa.

Según la investigación se determinó que es “los funcionarios administrativos y operativos de la empresa han ocultado operaciones de ventas y cobranzas que devenían realizando desde enero hasta abril del 2022”.

Existen pagos de clientes que no fueron depositados en las cuentas tanto en guaraníes y dólares que la empresa tienen habilitadas oficialmente en el Banco GNB.

Este esquema se descubrió cuando se supo que la contadora retenía injustificadamente libros contables, comprobantes de ingresos y egresos. Ella no entregó pese a notificaciones del Juzgado Civil.

A través de una auditoría externa, se determinó que se movilizaban supuestamente de manera ilegal las cuentas bancarias, pagos, cobros, timbrados tributarios por miembros del Directorio.

También cobranzas de ventas de productos de la empresa se habrían ocultado, así como facturas, cheques.

En una de esas, José Manzano, uno de los directivos, fue informado por una funcionaria sobre la investigación que estaba realizando el Administrador, en mayo de este año y ahí él se presenta en el local y entrega cuatro cheques, pidiendo que se guarden en la caja fuerte de la empresa para su posterior depósito en la cuenta de la empresa.

PERJUICIO. “Además, el administrador judicial ha informado al juzgado, que el ex director José Manzano habría estado cobrando un monto aproximado de G. 285.000.000 y USD 94.000, de clientes de la empresa”, dice la imputación.

Los procesados son la contadora Claudia Betancor, y los ex directivos de la firma NA Foods, José y Alfredo Manzano, además de los funcionarios Natalia Osorio, Víctor Melgarejo y José Ferreira.

También los ex directivos del Banco Regional están procesados por complicidad. El ex directivo Alfredo Raatz “promovió la ejecución civil de Regional contra la empresa Foods Import & Export, hasta que, alcanzada la etapa de remate, y compró la firma Avícola Itapúa SA, que en realidad es una empresa de maletín.

Los empleados de esa empresa son funcionarios de la firma Oleaginosa Raatz SA, manejada por Alfredo.

Por su parte, al otro procesado, Guillermo Céspedes, se le atribuye no haber evitado el vaciamiento.

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