Una pronta acción mostró el Ministerio Público para designar  fiscales que investigarán a miembros de la Armada, cuyo titular es hermano del vicepresidente, pero en otros casos se toma su tiempo.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, conformó un equipo de investigación para investigar el supuesto ingreso de mercaderías de contrabando a través de Itá Enramada, con la complicidad de funcionarios de la Armada Paraguaya.

En los videos filtrados por el ciberactivista Alfredo Guachiré se ve que el 12 de junio de 2021 ingresan camiones y personas con mercaderías desde Argentina, ante la presencia de militares y policías. Esos vehículos comenzaron a llegar en la tarde del 11 de junio. Lo grave, según se ve en las imágenes, es que las patrulleras llegaron al sitio tiempo después de que los camiones hayan cruzado con las mercaderías.

Esta revelación complicó al comandante de la Armada, Carlos Velázquez, hermano del actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez (abdista), quien sostuvo que se les dejó pasar para no usar armas contra los civiles, supuestamente.

El Ministerio Público, sin embargo, emitió un comunicado días pasados, asegurando que nunca se les remitió la denuncia de este hecho, pero que iban a analizar si ameritaba una investigación.

La fiscala general, por lo tanto, decidió abrir una causa, designando a los fiscales Osmar Legal, Juan Ledesma y Liliana Alcaraz para iniciar la investigación. Es decir, pasaron apenas unos días para sentirse la respuesta del Ministerio Público con la apertura de carpeta.

DEMORA. Sin embargo, por decir en la vereda de enfrente, saltó a la luz pública la supuesta existencia de irregularidades con relación al diputado cartista Erico Galeano, quien se vio involucrado en la venta de una vivienda a una persona vinculada en el Operativo A Ultranza Py.

El Ministerio Público había recibido un informe sobre 12 cuentas bancarias que el legislador omitió en su declaración jurada; pero, a la fecha, todavía no fue designado un agente fiscal para el caso.

Días pasados, según fuentes, el fiscal adjunto de antinarcóticos, Marco Alcaraz, ya remitió a la fiscala Soledad Machuca, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) de la Fiscalía datos relacionados a Galeano que encontraron en el Operativo A Ultranza Py, en el que se investigan organizaciones ligadas al lavado de dinero producto del narcotráfico. Justamente, días pasados, en uno de los allanamientos en el marco de este operativo, se encontró que en una vivienda ubicada en el complejo Aqua Village, había un recibo de ANDE a nombre del diputado. Según salió a explicar su abogado, el parlamentario vendió por USD 1 millón su propiedad a Hugo González Ramos, uno de los prófugos del caso. Esa vivienda tampoco fue presentada en su declaración jurada, cuya compra data del 2013.

CUENTAS. En el informe que llegó a la Fiscalía, de las doce cuentas bancarias no declaradas, once estaban activas antes de asumir como diputado. Además, alarmó a la Seprelad una transferencia por USD 2.5 millones al ex presidente Horacio Cartes, el año pasado. Pero tampoco se investiga.

No fue imputado

Otro sonado caso donde no hay imputación tiene como protagonista al actual intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, quien fue denunciado en octubre del 2021 por miembros de la oposición por sobrefacturación, tras haber autorizado la compra de toallitas desinfectantes a un precio unitario de G. 259.600 y detergentes desinfectantes a G. 393.800 cada uno y detergentes desinfectantes en pulverizador a G. 221.650.