En pleno año electoral, la Comisión Bicameral reasignó USD 50 millones, principalmente para destinar al gasto salarial. Titular de esta instancia afirmó que se respetó tope fijado por el Ejecutivo.

La Comisión Bicameral del Congreso dio a conocer ayer de forma más detallada su dictamen sobre el proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023. La presentación la hizo su titular, Arnaldo Samaniego (ver la infografía).

El diputado colorado empezó relatando que el Parlamento recibió de entidades públicas y gremios de trabajadores, pedidos para ampliar el plan de gastos por USD 450 millones, pero que se decidió respetar el tope del déficit fiscal solicitado por el Ejecutivo, del 2,3% del producto interno bruto (PIB), como ya se anunció días pasados. Así, resaltó que se rechazaron estos reclamos y se dará tranquilidad al Tesoro en su proceso de retorno al déficit del 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Informó que la Bicameral decidió crear un fondo para atender necesidades de diferentes instituciones no contempladas en el proyecto remitido por el Ejecutivo ni en la adenda posterior, por USD 50 millones. Esto se financió con cambios en la fuente de financiamiento de inversiones y subsidio a transportistas, disminución de créditos dentro del Ministerio de Hacienda, aumento de aportes intergubernamentales y ajustes de ingresos, entre otros.

Con esa especie de “colchón” se estipuló otorgar fondos adicionales a una veintena de entidades. Sin embargo, en medio de un 2023 donde se realizarán nuevas elecciones generales para presidente y cargos legislativos, las reprogramaciones financiarán, principalmente, nuevos gastos salariales.

En ese sentido, del dictamen se puede ver que se aprobaron nivelaciones y equiparaciones salariales en entes como el Congreso, el Registro Civil, Ministerio de la Defensa Pública y en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Esto no es otra cosa que reajustes dependiendo del tipo de cargo.

Asimismo, se decidió autorizar la creación de cargos en la Corte, Fiscalía, Defensa Pública y UNA. Si bien no se dijo el número exacto, se habló de 130 puestos en Fiscalía y 8 nuevas unidades en Defensa.

Las reprogramaciones también permitieron financiar bonificaciones y gratificaciones ocasionales como subsidio familiar y ayuda alimentaria.

El diputado Samaniego enfatizó que todos los ajustes hechos en los servicios personales fueron financiados con recortes dentro del mismo rubro, ya sea con supresión de cargos vacantes o de beneficios adicionales no asignados. Negó en todo momento que la Bicameral haya aumentado el gasto salarial.

Finalmente, adelantó que el PGN 2023 sería tratado por la Cámara Baja el jueves 10.

El plan. El Ejecutivo presentó a inicios de setiembre ante el Congreso el proyecto de ley que fija el PGN para el 2023.

El plan de gastos público contempla un monto de USD 14.468 millones. Ese número, no obstante, terminará trepando a los USD 14.793 millones si el Legislativo da su visto bueno a la ampliación del saldo rojo hasta el 2,3% como solicita Hacienda.

Tras el dictamen de la Bicameral, Diputados tiene 15 días para analizar el PGN. Posterior a eso, el documento pasa al Senado, que también tiene 15 días para su estudio.

Consultamos ayer su parecer sobre el dictamen al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, pero prefirió esperar a que la Bicameral impacte los cambios aprobados en el proyecto de ley.

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