Pese a las interminables quejas sobre el desempeño de la entidad, Sandra Quiñónez solicitó al Congreso una ampliación al PGN 2023 para premiar a su plantel e incluso agrandar su equipo.

La Comisión Bicameral del Congreso cerró ayer la serie de sesiones informativas de estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023. Acudieron las autoridades del Ministerio Público, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Banco Nacional de Fomento (BNF), Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y Ministerio de Hacienda.

En primer turno, para explicar los detalles del plan de gastos del Ministerio Público estuvieron la fiscala general del Estado y el director de Administración de la entidad, Sandra Quiñónez y Expidio Palacios, respectivamente.

Los representantes de la Fiscalía recalcaron que el proyecto remitido por el Ministerio de Hacienda, por valor de G. 644.855 millones (USD 90,8 millones), impedirá a la institución responder en tiempo y forma a la gente, ya que hay una especie de desmotivación en el plantel por la falta de aumentos generalizados desde el 2019, a lo que se suma la necesidad de más unidades fiscales y de recursos para los gastos operativos.

En ese sentido, pidieron a los parlamentarios una ampliación de G. 205.376 millones (USD 29 millones) por sobre la versión enviada por el Ejecutivo. Esto representa un crecimiento del 32%.

De ese total, G. 149.795 millones (USD 21,1 millones) serán destinados a inflar el gasto salarial. Pese a las numerosas críticas a la gestión de esta institución, Sandra Quiñónez pidió ese dinero para dar un aumento salarial del 15% a todos los funcionarios que ganan menos de G. 10 millones, la duplicación de las bonificaciones a fiscales y la creación de 539 cargos. Esto último, según dijo, es porque “los pocos que estamos hacemos maravillas”.

Además de esos pedidos, la ampliación cubriría el pago de gratificaciones ocasionales como el subsidio familiar, inversiones, alquileres y servicios básicos, entre otros.

Reclamos. Pese a la insistencia del Ministerio de Hacienda de respetar los topes de ingresos y gastos, son varias las entidades que nuevamente desoyeron las recomendaciones técnicas y pechearon a los parlamentarios adendas para cubrir sus necesidades.

Según datos de la Bicameral, los pedidos de ampliación, por encima de la versión del Ejecutivo llegan hasta el momento a los USD 317,1 millones (ver la infografía).

Además de la Fiscalía, estas solicitudes fueron presentadas por el Ministerio del Interior, Policía Nacional, Instituto de Previsión Social (IPS), Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Defensa Pública y Universidad Nacional de Asunción (UNA). De este grupo, solo Interior y la Policía dijeron que dialogaron con Hacienda para obtener su venia.

En lo que será un nuevo año de elecciones generales, más de la mitad de los reclamos de más presupuesto son para inflar el ya abultado gasto salarial. Entidades como la Corte piden incluso subas de hasta el 55% en sueldos.

El PGN 2023 contempla un monto global de USD 14.454 millones, lo que incluye un déficit del 1,5% del PIB. Ese número, no obstante, terminará trepando a los USD 14.793 millones si el Legislativo da su visto bueno al incremento del saldo rojo hasta el 2,3%, como solicita Hacienda en el articulado.

En caso de que el Congreso acepte los pedidos de ampliación, el monto final podría terminar por llegar a los USD 15.110 millones.

Análisis. Tras el término de las sesiones informativas, la Bicameral pasa ahora a las deliberaciones con el fin de emitir un dictamen antes del 1 de noviembre y remitir el PGN 2023 a Diputados.

MAG tomará más deuda para proyectos

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tendrá un aumento del 15% en su presupuesto para el 2023, según explicó ante la Bicameral el ministro Santiago Bertoni. En total, la entidad tendrá G. 502.355 millones.

El secretario de Estado indicó que ese crecimiento, en torno a los G. 74.000 millones, es explicado por la mayor toma de deuda para financiar proyectos de inversión en el campo.

Señaló que algunos de los desafíos de la entidad son asistir a 750 personas dentro del programa de fomento de la cadena láctea, así como a 5.700 dentro del plan de inserción a mercados, entre otros.

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